Tratados de comercio: el Banco Mundial da poder a las corporaciones sobre los gobiernos

Mientras el mundo entero ingresa en una era de negociaciones de así-llamados “Tratados de Libre Comercio”, que la propaganda capitalista nos muestra como la “solución de todos los problemas económicos”, se adelanta hacia un nuevo fascismo plutócrata globalizado, el poder del estado dirigido hacia el tradicionalismo de beneficiar a las clases económicas más poderosas, marginando así a la clase media y baja. Estos últimos sufren las consecuencias de dichas políticas en la forma de la escasez de recursos, mala educación, limitación de libertad, falta de acceso a servicios públicos y de salud, etc. Pero aún más determinante en el éxito de estas políticas es el inculcarles a sus súbditos el miedo a la libertad. Mientras que los más adinerados ven sus riquezas, de la mano con la capacidad de dominancia y control, escalar exponencialmente a niveles exorbitantes.

Hoy, mientras la administración Obama negocia nuevos tratados comerciales en Europa y naciones del Pacífico, una batalla ha emergido sobre las escandalosas reglas de estos tratados, que conceden a las gigantes corporaciones poderes irrazonables para subvertir la democracia. Estas reglas , denominadas “derechos de inversionista” por las corporaciones, permiten a las firmas el demandar a los gobiernos sobre as acciones –incluyendo regulaciones de interés público— que reducen el valor de sus inversiones.

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Oxfam, el Instituto para Estudios de Políticas, y cuatro otras empresas sin fines de lucro han lanzado a la luz un estudio que explica por qué esas reglas son tan peligrosas para la democracia y el ambiente. Ese importante reporte (en inglés) ofrece un poderoso caso de estudio de todo lo que está errado en ese asalto a la democracia por parte de las corporaciones.

“Desmitificando Ocho Falsedades” es una refutación minuciosa a los argumentos de una gigante firma de minería Canadiense-Australiana, Pacific Rim/OceanaGold, que está demandando al gobierno de El Salvador por la decisión de dejar de emitir licencias de minería. El gobierno del Salvador tomó esta acción precisamente porque sus ciudadanos consideraron el costo ambiental y social demasiado alto. La propuesta de mina de Pacific Rim era situada en la frágil, y actualmente en peligro, cuenca de un río clave que suple de agua a la mitad de la población del país.

Una situación paralela sucede en Costa Rica con el caso de la demanda por $1092 millones, de parte de Industrias Infinito (gigante corporación Canadiense de minería) al gobierno rigente. Esto sucedió, de la misma manera, porque el proyecto de explotación de oro en Crucitas se vio frustrado por un enorme descontento popular en la nación debido al daño ambiental, contaminación de acuíferos e impacto negativo a poblaciones aledañas.

Oscar Arias aún defiende a la minería y a Infinito Gold en su caso contra el país.

Oscar Arias aún defiende a la minería y a Infinito Gold en su caso contra el país.

En un estudio del 2013 de IPS, Pacific Rim es una de 31 corporaciones de petróleo, gas natural y minería que están demandando a los gobiernos de Latinoamérica en el “Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones” (CIADI), o ICSID por sus siglas en inglés, basado en nada menos que el Banco Mundial. El CIADI es el tribunal más frecuentemente utilizado para el cumplimiento de reglas de comercio e inversiones anti-democráticas, pro-corporaciones.

Grupos como Oxfam, el Consejo de Canadienses, y MiningWatch Canada que están lanzando el estudio denotan que este caso debe ser el estandarte de todo lo que está errado con esas reglas existentes y el por qué estos tratados de comercio que las incorporan deben de ser eliminados y rechazados. El estudio muestra como las corporaciones utilizan sus músculos del 1% (élite mundial) para intentas forzar a los gobiernos a brindarles las licencias de minería. Si esto no es exitoso, entonces muestran sus denuncias al CIADI intentando distorsionar la realidad para justificar su visión de por qué el derecho a la minería debe prevalecer.

Por ejemplo, el estudio de “Las 8 Falsedades” demuestra como Pacific Rim, justo después de presentar la denuncia, intentó mostrar a sus oponentes como elementos radicales no-gubernamentales con principios “anti-desarrollo”. Aunque la realidad fue que la decisión del Salvador de brindar nuevos permisos de minería nació por el descontento popular sobre los impactos devastadores de la minería. Como muestra el estudio:

  •          Una encuesta independiente muestra que el 62,4% de la población se declara en contra de la minería.
  •          Los más altos escalones de la Iglesia Católica declararon públicamente su oposición a la minería.
  •          La oficina del gobierno de “Ombudsman para los Derechos Humanos” se opone a la minería.
  •          Más de 260 grupos internacionales han hecho un llamado para la destitución de la demanda.

En otras palabras, los grupos dentro y fuera del Salvador que se oponen a la minería son todo menos “radicales”. Además, la etiqueta de “radical” utilizada por Pacific Rim es inescrupulosa frente al conflicto que trajo la propuesta del gigante minero en el área. De hecho, desde el 2009, al menos cuatro personas que se oponen a la minería han sido asesinadas en el área donde esta compañía desea minar.

Descontento popular en El Salvador.

Descontento popular en El Salvador.

El estudio en mención también refuta la declaración de Pacific Rim de que ellos cumplieron con todos los requisitos y reglamentos para permisos de minería cuando el gobierno aún los estaba emitiendo. Al contrario –y este es un punto clave que el tribunal del banco Mundial debería considerar— el estudio encontró que la firma nunca completó o presentó un estudio de factibilidad, ni se aseguró de haber obtenido el adueñamiento o autorización sobre los terrenos donde se proponía la mina. En lugar de ello, Pacific Rim depende del cabildeo (corrupción) de oficiales del gobierno para intentar obtener los permisos.

Los cabilderos son políticos sobornados para velar por los intereses de "quien paga".

Los cabilderos son políticos sobornados para velar por los intereses de “quien paga”.

Se contiende que para aquellos a quienes les importa la democracia y derechos básicos, estos casos del El Salvador y Costa Rica se levantan como potentes recordatorios de que importante es el luchar contra esas injustas demandas corporativas. Es vital no solo el apoyar a la gente de El Salvador, Costa Rica y otros países bajo asalto, pero también el convocar y llamar a acción a los grupos y gobiernos que están intentando poner un alto a esos tratados de inversiones y comercio hechos del mismo molde de galletas. Los gobiernos de Chile y otros países ya están levantando preguntas críticas acerca de estas reglas pro-corporaciones del “Acuerdo Transpacífico de Libre Cambio” o Trans-Pacific Partnership, TPP, en inglés). Varios movimientos sociales en varias naciones europeas están encontrando causas comunes con los gobiernos para levantar dudas similares ante las charlas trans-Atlánticas. El caso de Pacific Rim/OceanaGold es un ejemplo claro de los peligros de estas reglas.

Es momento de parar la expansión de acuerdos anti-democráticos y apoyar a los gobiernos que están en busca de alternativas que respeten la soberanía, los derechos de la gente y el ambiente.

Artículo en inglés.

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